En el marco de la apertura que lleva adelante el Gobierno, la Unión Industrial Argentina (UIA) reafirmó hoy su preocupación por el nivel de la actividad económica. En su primera reunión de Junta Directiva del año, la entidad manifestó su preocupación por el“desempeño negativo de la actividad” y la necesidad de generar condiciones para revertir la “pérdida de tejido empresarial y pyme”.
El reclamo central de los industriales apunta a lo que denominaron en un comunicado una “apertura inteligente”, en un contexto de fuerte tensión con el Gobierno por la política de desregulación de importaciones y tras episodios que sacudieron el tablero empresario, como la reciente licitación de tubos para Vaca Muerta y la apertura en el sector textil.
Según los datos del Centro de Estudios de la entidad (CEU), la producción industrial registró en diciembre una caída interanual del 3,9%. El dato más sensible para la central fabril es el del mercado laboral: desde el último máximo alcanzado en agosto de 2023, la industria acumuló una pérdida de 60.224 puestos de trabajo registrados.
Martín Rappallini, presidente de la UIA, explicó que el desafío de fondo no es negar la competencia, sino crear condiciones para sostenerla: “El gran desafío que tiene la industria es darle a la ciudadanía precios internacionales y calidad, y que las empresas argentinas sean parte de esta nueva etapa”.
Reclamo por competitividad
Frente a este escenario, la UIA volvió a insistir en la necesidad de trabajar sobre la competitividad de manera integral. Los industriales exhortaron al Gobierno a “continuar con la baja de tasas de interés“ y a avanzar en una reforma que “reduzca la presión fiscal“ sobre el sector formal.
“La competitividad de la economía argentina y la dinámica de precios deben analizarse desde una mirada integral de las cadenas productivas, considerando el impacto de los costos locales —logísticos, financieros, fiscales y laborales— y del contexto macroeconómico”, señalaron.
Al mismo tiempo, ratificaron su apoyo a la modernización laboral que se trata en el Congreso, entendiéndola como una “condición necesaria” para la generación de empleo registrado tras una década de estancamiento.
