Desde enero, los celulares importados ingresan a la Argentina con arancel cero. La medida forma parte de la política de apertura comercial impulsada por el Gobierno de Javier Milei y golpea directamente a uno de los principales productos fabricados en Tierra del Fuego.
El esquema comenzó en 2025, cuando el arancel para celulares importados bajó del 16% al 8%. Desde el 15 de enero de 2026 se eliminó por completo.
El argumento oficial es conocido: aumentar la competencia y reducir los precios para los consumidores. Pero mientras el Gobierno presenta la apertura como una política de modernización, en Tierra del Fuego la discusión pasa por otro lado: cuánto empleo y cuánta capacidad industrial puede perderse en ese camino.
No se trata solamente de una advertencia sindical o empresarial.
En enero de este año, el propio Ministerio de Economía reconoció oficialmente que las modificaciones arancelarias y las medidas de desregulación habían generado una pérdida de competitividad para las empresas radicadas en Tierra del Fuego, con riesgo para la capacidad productiva y los puestos de trabajo.
El reconocimiento quedó escrito en la Resolución 20/2026, mediante la cual Nación redujo al 0% los aportes de las empresas al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina.
La paradoja es difícil de ignorar: primero se modifica el esquema que protegía la producción nacional y después se necesitan medidas de emergencia para amortiguar sus consecuencias.
La electrónica no es una actividad marginal para Tierra del Fuego. Durante décadas estructuró buena parte del empleo privado industrial, especialmente en Río Grande, y alrededor de las fábricas se desarrollaron empresas de servicios, transporte, logística, mantenimiento y comercio.
Por eso, cada modificación realizada desde Buenos Aires tiene un impacto mucho más amplio que el balance de una terminal electrónica.
La discusión tampoco debería reducirse a elegir entre celulares baratos o empleo argentino. Una política industrial debería intentar resolver las dos cosas: mejorar precios, aumentar productividad, desarrollar proveedores, exigir inversiones y sostener trabajo nacional.
La apertura por sí sola no constituye una política industrial.
Y mientras el Gobierno nacional celebra la eliminación de aranceles, Tierra del Fuego empieza a contabilizar el costo productivo de esa decisión.
Fuentes de respaldo: Gobierno nacional sobre arancel cero a celulares y Resolución 20/2026 del Ministerio de Economía.
